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El parlamento español aprobó recientemente una reforma contundente de la Ley General Tributaria. Para que nos entendamos, esta norma regula la forma en que nos relacionamos con la Agencia Tributaria Española en todo lo que tiene que ver con los impuestos.

Todos pagamos gravámenes y tarde o temprano, en algún momento, debemos cumplir alguna obligación tributaria, bien porque debemos realizar una declaración, bien porque hemos recibido una notificación o bien porque nos inspeccionan. Cada una de estas actuaciones está regulada por la normativa que establece una reglas de juego, como pueden ser el plazo que debe durar un procedimiento, el plazo de pago de una liquidación o la obligación de presentar una información que nos solicitan. Existen derechos, obligaciones y garantías en aras a que se cumpla con el fisco de una forma pacífica.

Sin embargo, últimamente, venimos viviendo un periodo en el que la Hacienda Pública se dota de unos poderes, en mi opinión excesivos, que en ocasiones cercenan los derechos y garantías del contribuyente. Cuestiones como el aumento del plazo del procedimiento inspector, la posibilidad de que se comprueben ejercicios más allá del plazo de prescripción, la imposibilidad de aportar pruebas una vez acabado el procedimiento administrativo o la no suspensión del procedimiento inspector cuando se detecte la comisión de un delito que debe ser enviado al juez, son aspectos que claramente han dotado de una fuerza omnipotente a la Agencia Tributaria.

La forma de legislar es curiosa. Se estudian las razones por las que los jueces dan la razón a los contribuyentes y luego se legisla en sentido contrario, de tal manera que a partir de ese momento, los jueces no podrán volver a estimar las pretensiones de los administrados en causas idénticas. Así de sencillo, a base de limitar las garantías de los ciudadanos, se está creando a una apisonadora que no dejará títere con cabeza. Y todo, bajo la excusa de la lucha contra el fraude. Esto no debe ser así. No dude que matar moscas a cañonazos nos afecta a todos, grandes o pequeños, y será el chico, usted y yo, el que más sufra las consecuencias.

Yo pido que se aprueben Leyes más sencillas, que se simplifiquen los impuestos, que haya más claridad en las redacciones jurídicas, que haya más colaboración entre la Administración y los asesores fiscales. Soluciones que no buscan la represión del administrado, sino que allanan y facilitan la obligación que tenemos todos de contribuir al sostenimiento del estado del bienestar que estamos construyendo.

Enrique Lang-Lenton Bonny

El nuevo reglamento de facturación publicado el pasado mes de diciembre de 2012 ha supuesto la eliminación de los tiques que se venían utilizando de manera masiva en multitud de ventas y servicios para sustituirlos por la factura simplificada. Se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques.

Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas completas u ordinarias y, salvo algunas excepciones, podrán expedirse, a elección del obligado a su expedición, cuando su importe no exceda de 400 euros, IVA / IGIC incluido y cuando se trate de facturas rectificativas o cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IVA / IGIC incluido y se trate, en este último caso, de alguno de los supuestos respecto de los que tradicionalmente se ha autorizado la expedición de tiques en sustitución de facturas, en concreto:

Ventas al por menor
Servicios a domicilio
Servicios de ambulancias
Trasporte de personas
Hostelería y restauración
Discotecas y salas de baile
Telefonía
Peluquería y belleza
Utilización de instalaciones deportivas
Estudios fotográficos
Aparcamientos
Alquiler de películas
Lavanderías y autopistas

La factura simplificada debe contener:

Número y serie
Fecha de expedición y fecha de devengo de la operación
Nombre o razón social y NIF
Descripción de la operación
Tipo impositivo aplicado y opcionalmente, también la expresión “IVA/IGIC incluido”
Contraprestación total

Asimismo, cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos del IVA / IGIC deberá especificarse por separado, además, la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones.

Como cada año, los contribuyentes españoles nos encontramos con la obligación de hacer nuestra declaración de la renta. Así pues nos encontramos con el siguiente calendario:
 
- Obtención del Borrador y/o Datos Fiscales, su modificación o confirmación: desde el 2 de abril hasta el 1 de julio.
- Descarga del programa Padre para la confección de la declaración: desde el 10 de abril.
- Inicio de la presentación telemática de las declaraciones: desde el 24 de abril al 1 de julio.
- Inicio de la presentación no telemática (en papel): desde el 6 de mayo al 1 de julio.
 
En mi opinión el calendario no es lo simple que debiera, existiendo cierta confusión entre los contribuyentes sobre la fecha en que pueden presentar sus declaraciones. Debería unificarse en una sola fecha la posibilidad de presentar la declaración, de esta manera no habría malos entendidos, y todos lo tendríamos mucho más claro.

Acabamos de acudir a una Jornada de Estudio que abordó la nueva obligación tributaria formal, para los residentes en España, de declarar determinados bienes y derechos que tengan en el extranjero.
 
Nos quedamos con la inseguridad jurídica con la que se hacen muchas de las leyes en España, que no son claras y por lo tanto son complicadas de aplicar por los profesionales que nos dedicamos a ello. Todos los ponentes no funcionarios expusieron sus dudas sobre la legalidad constitucional de las normas que han aprobado esta obligación tan peculiar.
 
Nuestro consejo es realizar esta declaración lo más fielmente posible pues las consecuencias derivadas de su no realización son extremadamente graves en materia sancionadora y de prescripción tributaria. Entiendo la dificultad que existe en hacerla, pero ello no debe ser obstáculo para evitar su cumplimiento.
 
España inició el año pasado, con la aprobación de la "Amnistía Fiscal", un periplo por el que se ha dado la oportunidad a los contribuyentes defraudadores de empezar casi de cero con la Administración Tributaria. Ha sido una oportunidad única que muchos aprovecharon aunque les suponga pagar ahora inevitables y abusivos impuestos durante los próximos años. Es lo justo, todos los residentes en este país deben sostener los gastos públicos que genera nuestro estado del bien estar.
 
Sólo pediríamos dos cosas; que el poder legislativo apruebe normas más claras y que el poder ejecutivo gestione con honestidad los ingresos públicos.

Bento&Bonny

Asesoramiento y gestión fiscal-mercantil, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto General Indirecto Canario e Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, Impuestos Locales y Municipales, Asesoramiento y gestión contable, Confección de la Contabilidad, Confección y Legalización de los Libros Oficiales de Contabilidad y Confección y presentación del Depósito de Cuentas anuales en el Registro Mercantil.